EDUCAR EN DERECHOS SIN HABLAR DE DEBERES, ¡MISIÓN IMPOSIBLE!. GRACIAS SEÑOR CALATAYUD

AFORTUNADAMENTE HAY VOCES QUE SE ALZAN CONTRA CORRIENTE PONIENDO BLANCO SOBRE NEGRO EL SENTIDO COMÚN FRENTE A LO POLÍTICAMENTE CORRECTO.

Desgraciadamente, la buena teoría debe ir acompañada de una buena praxis, eso es lo difícil. Estoy seguro de que él así lo hace, estoy seguro de que el Sr. Calatayud cuando emite una sentencia obligando a un menor a regresar al Colegio o al instituto, también establecerá un protocolo de seguimiento para su sentencia. En este, como en la mayoría de los casos, lo peor pueden ser los malos imitadores. Y me refiero a un caso que me ocurrió personalmente siendo Jefe de Estudios.

No diré ni dónde ni cuándo para evitar posibles connotaciones ni etiquetas, lo que sí les puedo garantizar es que lo que refiero a continuación es un caso real. Se trataba de un alumno de 3º de la ESO, repetidor, inadaptado, con serios problemas para respetar cualquier principio de autoridad. La acumulación de faltas graves había derivado en diferentes sanciones, incluyendo la expulsión, sin resultado. El muchacho se dedicaba a vender droga. En una persecución con la Guardia Civil, se cayó de la motocicleta y se partió la tibia. Fue arrestado y juzgado. Tenía dieciséis años. La vida en el Instituto continuaba con el trasiego normal cuando un buen día se presentó en el despacho con su muleta y su escayola: “Pues nada, que me ha condenado el juez a seguir en el Instituto”. Mi respuesta, francamente fue de perplejidad. Conocía este tipo de sentencias, pero entendía que para alumnos en edad de educación obligatoria, menores de 16 años. Tampoco entendía que, conociendo el perfil del alumno, una sentencia de esas características fuera emitida sin establecer un contacto con el Centro Educativo, si no por parte del propio Juez, al menos por parte de la Fiscalía. Conociendo al sujeto opté por no darle crédito, hablé con el Director y le solicitamos el que se personara con la sentencia.

El muchacho así lo hizo. Se presentó con su sentencia en la que, efectivamente, se le condenaba a optar por un Centro de Menores o por volver al Instituto. Lo que en ningún momento establecía la sentencia era “en qué condiciones debía regresar al Instituto”. Lo que me llamó la atención fue que, en ningún momento del proceso hubo una coordinación entre fiscalía, juzgados y centro educativo. El problema se aparcó sin condiciones y no tardó nada en volver a explotar. Bastó la primera hora de clase para que el muchacho sacara su móvil en clase y comenzara a trastear ostensiblemente en las teclas. Decir que él sabía que estaba prohibido en el centro y más en medio de una clase, creo que no es necesario afirmarlo. Buscaba intencionadamente el enfrentamiento. Si las reglas son las mismas para todos, no hay otra que pedirle que guarde el móvil; ante la negativa y el desafío, exigirle que nos lo dé para entregarlo a sus padres; ante la negativa, la expulsión de clase con amonestación grave. Y ante la negativa a abandonar la clase, ¿qué hacemos? Mandar al Delegado a buscar al Jefe de Estudios o, en su defecto, al Director para que inste al alumno a acompañarlo… Por fin, el alumno abandonó el aula sin abandonar su móvil con la sonrisa de la victoria en la cara: “Me voy porque quiero, no porque tú me eches”. Todo un espectáculo.

Comunicamos las circunstancias a la Fiscalía de menores, la respuesta que se nos dio fue que aplicaramos el reglamento docente, es decir, que lo volviéramos a expulsar por falta muy grave. ¿Qué solucionamos en el proceso? ¿Dónde estaba la familia de ese muchacho?

Temo a los imitadores que entienden el fin pero no el modo. Si vamos a educar entre todos, mejor coordinamos esfuerzos. Lo contrario ya se sabe… “A río revuelto, ganancia de pescadores”… ¡Y cómo pescan estos!

De cualquier forma, mis felicitaciones al juez Calatayud por ponernos frente al espejo del sentido común. Aquí les dejo con este artículo de ABC.

El juez Calatayud clama contra un sistema que «confunde un cachete con maltrato»

«Si los padres no pueden interferir en la vida de sus hijos es muy difícil que puedan educarlos sobre la base de unos valores», señala el titular del Juzgado de Menores de Granada

El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud (Ciudad Real, 1955), clamó ayer contra un sistema -judicial y educativo- que no permite a los padres «interferir» en la vida de sus hijos y que «confunde un cachete con maltrato».

«Si los padres no pueden interferir en la vida de sus hijos es muy difícil que puedan educarlos sobre la base de unos valores», advirtió.

Calatayud, popular por sus sentencias ejemplares de carácter socioeducativo, pronunció una conferencia en la sede de la Fundación Barrié, en La Coruña, que se vio desbordada por el interés que había despertado su intervención en la ciudad.

Durante su intervención, que provocó la carcajada generalizada del auditorio en varias ocasiones, se mostró muy crítico con la labor de los padres, el sistema educativo y los políticos por «permitir que haya varias generaciones que se hayan criado con derechos pero sin deberes».

«A mi modo de ver, esta forma de proceder son complejos de joven democracia y reflejan que somos un país que no tiene término medio. Pasamos de ser pobres a ser ricos y, ahora, volvemos a ser pobres», manifestó.

Calatayud señaló que lleva años reclamando un pacto por el menor porque «sería bueno que se redefiniese su figura».

Se mostró especialmente crítico con el sistema educativo y reclamó «toda» la autoridad para los profesores con el objetivo de evitar situaciones indeseables como que un «niñato» agreda a un docente. «Eso es algo que no se puede consentir», proclamó.

El juez valoró que la delincuencia de menores está bajando en España y ha achacado este descenso a tres causas principales. «La primera es que los niños están volviendo a la escuela porque no hay trabajo, la segunda que los padres están también más tiempo en casa y, la tercera, es que cada vez hay menos víctimas potenciales», señaló en alusión a la crisis.

«No soy colega de mis hijos»

Aunque reconoció que educar a los hijos es una difícil tarea y ha precisado que no le gusta dar consejos en ese sentido sí ha explicado que él no es amigo de sus hijos.

«No soy colega de mis hijos, simplemente soy su padre porque en caso contrario les estaría dejando huérfanos», explicó.

Calatayud, que a lo largo de su carrera judicial ha condenado a 200 menores a sacar el título de enseñanza obligatoria, insistió en que es «absolutamente necesario» transmitir a los menores que, además de derechos, tienen obligaciones y la primera de ellas es obedecer sus padres mientras estén bajo la potestad familiar.

Explicó que el Código Civil dice que «los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre», y agregó que han de contribuir «equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego tienen sus derechos, sí, pero también sus deberes».

«Si a los 18 años no están de acuerdo con la disciplina paterna, ya saben dónde está la puerta», apostilló.

Por último, alertó de que cada vez trata más casos de malos tratos de hijos a padres -«he visto a padres con las piernas partidas por una agresión»- y ha explicado que hay numerosos casos en familias con un poder adquisitivo medio o alto. «Nunca he condenado a un gitano por agredir a su padre», concluyó el juez. Desde que en 1988 se convirtió el titular del Juzgado de Menores Único de Granada han pasado por sus manos más de 16.000 casos, incluidos 34 asesinatos y 98 violaciones.

Familia

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Acerca de #JoseCarlosAranda

Doctor en Filosofía y Letras y Doctorando en Ciencias de la Educación; Creador del Método Educativo INTELIGENCIA NATURAL (Toromítico 2013, 2016). Académico Correspondiente de la Real Academia de Córdoba (España). Profesor universitario y de EEMM, educador, escritor, conferenciante, colaborador en TV, Prensa y Radio. PREMIO CENTINELA DEL LENGUAJE 2015 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
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