AFORTUNADAMENTE HAY VOCES QUE SE ALZAN CONTRA CORRIENTE PONIENDO BLANCO SOBRE NEGRO EL SENTIDO COMÚN FRENTE A LO POLÍTICAMENTE CORRECTO.

Desgraciadamente, la buena teoría debe ir acompañada de una buena praxis, eso es lo difícil. Estoy seguro de que él así lo hace, estoy seguro de que el Sr. Calatayud cuando emite una sentencia obligando a un menor a regresar al Colegio o al instituto, también establecerá un protocolo de seguimiento para su sentencia. En este, como en la mayoría de los casos, lo peor pueden ser los malos imitadores. Y me refiero a un caso que me ocurrió personalmente siendo Jefe de Estudios.

No diré ni dónde ni cuándo para evitar posibles connotaciones ni etiquetas, lo que sí les puedo garantizar es que lo que refiero a continuación es un caso real. Se trataba de un alumno de 3º de la ESO, repetidor, inadaptado, con serios problemas para respetar cualquier principio de autoridad. La acumulación de faltas graves había derivado en diferentes sanciones, incluyendo la expulsión, sin resultado. El muchacho se dedicaba a vender droga. En una persecución con la Guardia Civil, se cayó de la motocicleta y se partió la tibia. Fue arrestado y juzgado. Tenía dieciséis años. La vida en el Instituto continuaba con el trasiego normal cuando un buen día se presentó en el despacho con su muleta y su escayola: «Pues nada, que me ha condenado el juez a seguir en el Instituto». Mi respuesta, francamente fue de perplejidad. Conocía este tipo de sentencias, pero entendía que para alumnos en edad de educación obligatoria, menores de 16 años. Tampoco entendía que, conociendo el perfil del alumno, una sentencia de esas características fuera emitida sin establecer un contacto con el Centro Educativo, si no por parte del propio Juez, al menos por parte de la Fiscalía. Conociendo al sujeto opté por no darle crédito, hablé con el Director y le solicitamos el que se personara con la sentencia.

El muchacho así lo hizo. Se presentó con su sentencia en la que, efectivamente, se le condenaba a optar por un Centro de Menores o por volver al Instituto. Lo que en ningún momento establecía la sentencia era «en qué condiciones debía regresar al Instituto». Lo que me llamó la atención fue que, en ningún momento del proceso hubo una coordinación entre fiscalía, juzgados y centro educativo. El problema se aparcó sin condiciones y no tardó nada en volver a explotar. Bastó la primera hora de clase para que el muchacho sacara su móvil en clase y comenzara a trastear ostensiblemente en las teclas. Decir que él sabía que estaba prohibido en el centro y más en medio de una clase, creo que no es necesario afirmarlo. Buscaba intencionadamente el enfrentamiento. Si las reglas son las mismas para todos, no hay otra que pedirle que guarde el móvil; ante la negativa y el desafío, exigirle que nos lo dé para entregarlo a sus padres; ante la negativa, la expulsión de clase con amonestación grave. Y ante la negativa a abandonar la clase, ¿qué hacemos? Mandar al Delegado a buscar al Jefe de Estudios o, en su defecto, al Director para que inste al alumno a acompañarlo… Por fin, el alumno abandonó el aula sin abandonar su móvil con la sonrisa de la victoria en la cara: «Me voy porque quiero, no porque tú me eches». Todo un espectáculo.

Comunicamos las circunstancias a la Fiscalía de menores, la respuesta que se nos dio fue que aplicaramos el reglamento docente, es decir, que lo volviéramos a expulsar por falta muy grave. ¿Qué solucionamos en el proceso? ¿Dónde estaba la familia de ese muchacho?

Temo a los imitadores que entienden el fin pero no el modo. Si vamos a educar entre todos, mejor coordinamos esfuerzos. Lo contrario ya se sabe… «A río revuelto, ganancia de pescadores»… ¡Y cómo pescan estos!

De cualquier forma, mis felicitaciones al juez Calatayud por ponernos frente al espejo del sentido común. Aquí les dejo con este artículo de ABC.

El juez Calatayud clama contra un sistema que «confunde un cachete con maltrato»