Pongo este título para ahorrar trabajo a quienes tienen un posicionamiento ideológico o emocional hacia el tema. Es mejor que no sigan leyendo.
Hay muchos posicionados, pocos informados y, de estos, la mayoría solo a través de lo que destacan los medios de comunicación. Pero, aunque la educación no sea un tema que preocupe a los españoles –José Antonio Marina-, sí es un tema de enorme trascendencia porque nos jugamos un modelo de sociedad y una generación que puede estar perdida.
En primer lugar estoy en contra por INOPORTUNA. En un momento en que todo el aparato del Estado debiera estar pendiente de paliar los efectos de la pandemia en los centros escolares, en las familias, en los niños, no es el momento de nuevas leyes educativas que vengan a generar polémica salvo que sea esto, precisamente, lo que se pretende como maniobra de distracción. Son muchos los problemas de ratio, de adaptación tecnológica, de reciclaje y adecuación de programaciones, de conciliación de vida familiar y laboral, de pobreza extrema derivada de la crisis económica como para sacar adelante ahora una nueva ley de educación.
En segundo lugar, por la IMPOSICIÓN. En un momento de estado de alarma en que no se han podido o querido realizar las oportunas consultas para lograr el máximo consenso en aras de un plan nacional para la educación, esta ley supone una imposición unilateral de una visión sesgada. Bajo palabras talismán, biensonantes, como “tolerancia” o “inclusión”, “igualdad” o “libertad”, se están vulnerando principios constitucionales –Fernando Savater y un largo etc.-. Una ley que nace sin consenso, sin la aprobación de las partes implicadas en el proceso educativo, es una ley muerta. No solo será recurrida ante el Tribunal Constitucional, también lo está ya ante los tribunales europeos –CONCAPA- y aquellas Comunidades no gobernadas por los partidos en el poder ya han declarado su intención de paliarla en la medida de lo posible. Por otra parte, los profesores estamos hartos de que nos lluevan trabas burocráticas, de nuevas leyes que no abordan los auténticos problemas de las aulas, de que no se nos consulte y de que hable por nosotros quien no ha sostenido una tiza en su vida, quien no se ha enfrentado a la realidad del día a día.
Está muy bien hablar de tolerancia, pero ejemplos de “intolerancia” es marcharse de una mesa por la educación donde se busca el diálogo y el consenso, atacar la libertad de los centros para elaborar su propio Proyecto de Centro imponiendo unas asignaturas o ninguneando otras, no admitir una opinión divergente por muy fundamentada que esté, etc., etc., etc.. Se habla de “inclusión” sin tener en cuenta que la Educación Especial requiere de un personal muy especializado y de unas condiciones muy precisas para ayudar a una enorme variedad de circunstancias y situaciones: psicopedagogos, fisoterapeutas, profesores especializados, una ratio adecuada, ¿de verdad piensan integrarlos en escuelas con ratios de 20 o 25 alumnos y profesores que no tienen preparación para atender de forma personalizada a cada alumno? ¿Y todo esto sin una inversión que acompañe? Solo necesitamos sentido común y escuchar el clamor de los padres que están viviendo esta situación. Resulta un despropósito y espero que no llegue a cumplirse esta amenaza por mera humanidad.
No se educa en libertad cuando no se tiene en cuenta la demanda social para la ampliación de centros, cuando se suprimen los distritos y el gobierno de turno se arrostra la capacidad unilateral de asignar centros. Lo ideal, como dicta la Constitución, sería poder elegir un centro con un Proyecto acorde a los principios morales de la propia familia para que el niño pueda crecer en coherencia –Artículo 27-. Si a esto le añadimos una financiación condicionada, estamos anulando la viabilidad de buena parte de los centros concertados, que también son públicos porque los pagamos entre todos. Para que exista libertad, es condición indispensable que haya opciones donde elegir, cuando se ataca directamente a esta posibilidad se está atacando el principio de libertad al que se apela.
Se habla de “igualdad”, pero lo que debemos garantizar por ley es la “igualdad de oportunidades”, con independencia de las circunstancias sociales o socioeconómicas. Quedarnos en la palabra “igualdad”, sin más, es una simplificación absurda y cargada de maldad, porque todos somos diferentes. Lo ideal es educar en la diversidad, tratar de sacar de cada alumno, de cada hijo, lo mejor de sí mismo atendiendo a sus capacidades, buscar una educación personalizada. Y esto no se puede lograr de espaldas a la familia. La escuela solo influye en un 40 % en el éxito escolar –José Antonio Marina-, el resto se lo reparten entre la familia y la sociedad y es necesario que cada palo aguante su vela. Una ley educativa que no contemple esta realidad supone un continuismo del fracaso.
Estoy en desacuerdo con la ley Celaá porque incentiva la pereza, la dejadez y la ignorancia frente al talento, el esfuerzo y el sentido crítico. Suprimir las pruebas de nivel, dejarlas como meramente orientativas supone descargarlas de eficacia. Todo sistema de producción tiene sus controles de calidad, también la educación debería tenerlos. Puede haber centros mejores o peores, deben medirse las variables que influyen en los rendimientos, pero debemos tener constancia de la eficacia de los métodos aplicados, revisarlos y corregirlos. Estamos hartos de leyes llenas de ocurrencias pedagógicas cuya eficacia no ha sido contrastada, quizá porque no interese que lo sea, lo cual es preocupante. Y el alumno debe ser consciente de que hay unos objetivos que lograr, de lo contrario, el desinterés está servido. Y no solo por parte del niño, también por parte de la familia que vive el sueño anestesiado de la normalidad hasta que ya es tarde para reaccionar. Y ese ya es tarde se produce en los cambios de ciclo. Es bueno saber que si quieres disfrutar de un buen verano tienes que procurar aprobarlas todas, es bueno saber que si suspendes tienes que estudiar, es bueno aprender que el éxito depende del esfuerzo y la constancia. Los profesores podemos ser grandes profesionales, lo que no podemos es hacer milagros. Y la libertad es una conquista a partir del esfuerzo, no es libre quien no puede elegir. El fracaso escolar o el abandono merman y limitan esa libertad que tanto se predica, generan personas condenadas a la mediocridad..
Ahora se puede pasar de curso con un número indeterminado de suspensos. Está bien. ¿Qué se consigue con esto? La trampa está servida. Un alumno que pase de curso sin saber sumar ni restar, no podrá lograr el objetivo de aprender a multiplicar o dividir. Pasará de curso, pero por muchas adaptaciones curriculares que se le hagan, la dificultad será cada vez mayor, la frustración irá en aumento y el abandono estará servido. Y pretender que un profesor haga tantas adaptaciones como alumnos tiene en el aula es una utopía. Acabamos por adaptar niveles con la consiguiente rebaja del nivel de exigencia. Llegamos así al “analfabetismo funcional”. Es muy difícil mantener el ánimo y las ganas de luchar cuando un inspector te cuestiona para qué sirve la ortografía o la sintaxis –hecho real-.
Los alumnos podrán obtener el título de la ESO hasta con dos suspensos; el de Bachiller, con uno. Muy bien, ya hemos conseguido que los alumnos decidan qué asignatura van a abandonar desde el principio para aliviarse. Y lo digo con conocimiento de causa. ¿Es esto mejorar los niveles de educación? A mí me parece que es desautorizar el criterio del profesor, que se verá sometido al de la Junta de Evaluación donde el voto de alguien que no conoce al alumno tendrá el mismo valor que el propio.
Y, por último, se nos pone enfrene el árbol para que no veamos el bosque. El hecho de suprimir el español como lengua vehicular, aparte de ser una idiotez –Vargas Llosa-, es una concesión política que hemos de leer en conjunto con otras dos normas: la supresión de las oposiciones al cuerpo de Inspectores y la posibilidad de que un profesor pueda ser “removido de su puesto” si muestra falta de condiciones o una notoria falta de rendimiento. El funcionario, por su plaza ganada en concurso oposición, no depende del gobernante de turno. Garantiza así su fidelidad a la ley con independencia de quien gobierne. Ahora, los inspectores serán nombrados a dedo, serán designados los “afines” que deberán su plaza y su sueldo a quienes los nombran, a quienes estarán sometidos por gratitud y coherencia –quien se mueva, no saldrá en la foto y lo mismo que te nombro te puedo cesar-. Además, se limitan las competencias de la Alta Inspección que ya no tendrá capacidad para denunciar casos por discriminación. Esto supone dar libertad absoluta a las Comunidades para controlar el sistema educativo incluso con un sesgo ideológico determinado sin que nadie le pueda toser. No sé a ustedes, a mí esto empieza a sonarme a policía política. Por otra parte, la segunda norma supone una amenaza explícita al profesorado. Tardé 20 años desde que aprobé oposiciones hasta que logré entrar en mi localidad. Veinte años viajando para impartir mis clases. ¿Creen que voy a arriesgar mi destino, mi convivencia familiar, por disentir con los criterios que me sean impuestos? Cualquier humano transigiría porque no somos héroes y prima nuestra seguridad y la tranquilidad de nuestra familia sobre cualquier otra consideración. Amordazan así al profesorado. Vaya ustedes sumando factores y la conclusión clara es que se trata de una ley orquestada a la sombra de un oportunismo político interesado en ceder ante condiciones muy determinadas de partidos muy concretos.
A esto hemos de unir las nuevas asignaturas. En primer lugar, eso de Educación Afectivo-sexual en primaria tiene que ver, y mucho, con la educación moral que se consagra en la Constitución. Para que no se lesione este derecho de los padres, estos tendrían que tener conocimiento de los contenidos y la metodología, y esto en el Proyecto de Centro, no se entiende que se haga al albur del capricho del momento o las circunstancias. Es un tema que toca uno de los pilares de crecimiento como persona, que nos va a condicionar como adultos durante toda la vida –Freud-. Y lo de Educación en Valores Cívicos y Sociales es una indefinición en la que cabe todo, incluso un sesgo ideológico determinado. ¿Qué problema hay en que los niños estudien sencillamente la Constitución Española? ¿No sería mucho más lógico? ¿No está ahí todo incluido? Parece que hubiera alergia a la libertad y al conocimiento. Parecería que no interesa que los niños lean, conozcan y razonen la Constitución.
Como ya uno tiene sus años, no puedo evitar retrotaerme a mi infancia y a aquella asignatura que teníamos que estudiar y aprobar. Se llamaba Formación del Espíritu Nacional (FEN) para mayor gloria del régimen. Yo creía que el franquismo había acabado con la transición, no podía imaginar que habría herederos que seguirían sus pasos.
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